Magnicidio que sacude a Colombia: Petro multiplica las hipótesis en el caso de Miguel Uribe Turbay
Juan David Peña 
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha estremecido los cimientos de la política nacional, convirtiéndose en el primer magnicidio de un candidato presidencial en Colombia desde 1990. La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación bajo la categoría de homicidio agravado, mientras que el presidente Gustavo Petro ha lanzado múltiples hipótesis que ponen a diversos actores armados en el centro de la atención.
De manera pública, el mandatario ha señalado en distintos momentos a las dos disidencias de las FARC —la Segunda Marquetalia y el grupo comandado por Iván Mordisco—, a una estructura transnacional que denomina la “junta del narcotráfico de Dubái”, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este último incluso emitió un comunicado negando cualquier vínculo con el crimen, obligando al presidente a matizar sus palabras y asegurar que nunca afirmó con certeza su participación.
La investigación judicial ya suma seis capturas, entre ellas la del menor de edad que ejecutó el disparo mortal durante un mitin en el occidente de Bogotá, confesando que le habían ofrecido 20 millones de pesos por cometer el crimen. También se capturó a Katherine Martínez, de 27 años, señalada de ser pieza clave en la logística del ataque, y a Elder José Arteaga, alias El Costeño, a quien se sindica como articulador principal de la red que habría coordinado la operación criminal.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha advertido que las evidencias apuntan a organizaciones ligadas al narcotráfico, lo que refuerza la tesis de un crimen de alcance transnacional. A esta línea de investigación se han sumado agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, buscando rastrear transferencias financieras, comunicaciones y movimientos migratorios que conduzcan a los autores intelectuales.
Entre las hipótesis con mayor fuerza figura la Segunda Marquetalia, liderada en el papel por Iván Márquez, con quien el Gobierno fracasó en los intentos de diálogo de paz. Las autoridades rastrean la posible conexión de esta disidencia con los capturados en Caquetá, zona de influencia de este grupo.
Mientras tanto, la opinión pública exige respuestas inmediatas. El país se encuentra en vilo ante la incertidumbre sobre si el crimen obedeció a un atentado directo contra la figura de Uribe, un golpe a su partido político o un acto planeado para desestabilizar la institucionalidad democrática.
