El Ministerio de Justicia y del Derecho –junto con la Fuerza Pública y otras entidades estatales– lideró un operativo sorpresa de alcance nacional para golpear las estructuras criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios del país, en una ofensiva sin precedentes contra la extorsión, el uso ilegal de comunicaciones y las redes delictivas que delinquen desde prisión.
La acción hace parte de la estrategia integral del Gobierno nacional para recuperar el control del sistema penitenciario, frenar la criminalidad intramural y proteger a la ciudadanía frente a delitos ordenados desde los centros de reclusión.
Resultados contundentes
Desde 2023 y hasta la fecha, en el marco de la Operación Dominó, la cartera liderada por Andrés Idárraga Franco ha coordinado más de 2.600 operativos a nivel nacional, con resultados contundentes:
– 15.600 celulares incautados
– 56.900 accesorios decomisados
– 10.600 equipos bloqueados, en aplicación del Decreto 851 de 2024
– 35.000 números telefónicos reportados a operadores móviles.
Durante 2025, de manera adicional a esta operación, se han ejecutado más de 21.500 operativos en todo el país, que permitieron la incautación de 34.800 teléfonos celulares y 33.200 tarjetas SIM.
Estas acciones han estado acompañadas por el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario, con la instalación de 16 establecimientos de reclusión con sistemas de bloqueo de señal, así como un plan de inversión escalonado para reactivar y ampliar la cobertura de inhibidores en cárceles de alta seguridad del país.
Control, vigilancia y acción interinstitucional
Como parte de la ofensiva en 2025 se realizaron:
– 25.625 revistas de seguridad en establecimientos penitenciarios
– 120.771 verificaciones de antecedentes
– 559 consejos de seguridad interinstitucionales.
Estas acciones buscan desmantelar las redes criminales que continúan operando desde prisión y cortar los vínculos entre estructuras intramurales y organizaciones externas.
