Consejo de Estado ordena desembargo de recursos que benefician al sector educativo del Chocó
Alex Beltran 
Mediante auto del pasado 26 de enero, el Consejo de Estado concedió una acción de tutela interpuesta por el Departamento del Chocó en contra de los juzgados primero y segundo administrativos de Quibdó y del Banco de Bogotá.
Esta decisión se da luego del embargo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al pago de la nómina de docentes y personal administrativo del sector educativo del Chocó, por valor de 14.424 millones 717.674 pesos.
Dicho embargo impidió el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025, generando un paro general e indefinido por parte del magisterio y el bloqueo de vías en el departamento, con afectaciones directas a más de 10 mil estudiantes de instituciones educativas oficiales.
En el marco de esta acción, se solicitó como medida provisional de urgencia el desembargo inmediato de los recursos retenidos, solicitud que fue respaldada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El Consejo de Estado acogió los argumentos presentados y decretó la medida provisional, ordenando la suspensión de los efectos de las providencias que dispusieron el embargo y ordenando al Banco de Bogotá levantar dicha medida.
Desde el inicio de la controversia, la Agencia ha intervenido de manera activa en el proceso ejecutivo que dio lugar al embargo, advirtiendo en diferentes actuaciones e instancias la improcedencia de esta medida, al tratarse de recursos públicos de destinación específica y de carácter inembargable, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Con esta decisión, el Consejo de Estado protege los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de los servidores públicos del sector educativo del Chocó.
También ampara el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes del departamento, quienes se vieron privados del acceso al servicio educativo como consecuencia de una controversia ajena a sus derechos constitucionalmente protegidos.
“La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reitera su compromiso con la defensa del patrimonio público, la protección de los derechos fundamentales y la garantía de la prestación continua de los servicios esenciales del Estado«, manifestó el director general de la Agencia, César Palomino Cortés.
